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¿A quién beneficia?.

¿A quién beneficia?.

Recientemente la Comisión
Europea ha enviado a la Administración Española un Dictamen Motivado con objeto
de eliminar determinadas restricciones, que a su juicio, hay en materia de
establecimientos de farmacia en nuestro país. Su propuesta constituye una
desregulación del modelo español que acabe con las limitaciones al
establecimiento de farmacias en función del número de habitantes, con la distancia
mínima entre farmacias, con la reserva de propiedad exclusiva para
farmacéuticos, y con la prohibición de que un mismo farmacéutico sea
propietario o copropietario de más de una farmacia. Esto, que en principio
parece no afectar al ciudadano, tendría unas enormes repercusiones, ya que en
la desregulación propuesta por la Comisión Europea, los ciudadanos ya no tendrían
una atención farmacéutica homogénea e igual en todo el Estado: las farmacias,
al primar los intereses comerciales, abandonarían el medio rural y los barrios periféricos,
para concentrarse en los lugares más comerciales. La desaparición del binomio
propiedad-titularidad haría que prevaleciera el interés económico sobre el
sanitario, pasando el medicamento a considerarse una mercancía y no un producto
sanitario, lo que iría parejo a la pérdida progresiva de una serie de servicios
gratuitos de los que viene disfrutando el ciudadano español desde tiempos
inmemoriales, como son el seguimiento farmacoterapéutico
y la atención farmacéutica, que convierten a la Farmacia Española en una de las
más valoradas en el mundo.

La Administración tampoco
sale beneficiada en un modelo liberalizado, porque a pesar de tener la Farmacia
Española una rentabilidad media muy baja, contribuye y colabora con el sistema
sanitario con servicios de alta calidad, como el servicio permanente de
guardias, campañas sanitarias, gestión y recogida de residuos sanitarios, etc.,
todo ello de manera gratuita sin coste para la administración. Y como queda
reflejado en el estudio ÖBIG del Instituto Austriaco de Salud, la
liberalización no disminuye el precio de los medicamentos.

Un sistema ultraliberal y desregulado perjudica a los ciudadanos y a la Administración.
Entonces ¿a quien beneficia?, la respuesta es fácil, solamente a las grandes
compañías, al gran capital, en detrimento total del ciudadano.



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