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El 80% de la población dependiente son personas mayores de 65 años, las cuales son atendidas en su mayoría en el ámbito familiar

“Es indispensable recuperar el impulso para la aplicación real de la Ley de Dependencia aprobada en España hace casi dos años y frenada por problemas de financiación”. Así de firme se ha manifestado Julio Sánchez Fierro, miembro del Consejo de Expertos del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, durante la presentación de su libro “Salud y Dependencia”, una obra impulsada por el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social y Obra Social Caja Madrid. Y es que la población española es una de las más envejecidas del mundo. Además, nuestra esperanza de vida sigue creciendo (74,7 años para los hombres y 81,9 para las mujeres, aunque estudios más recientes los sitúan en cerca de 79 y 84 años respectivamente) y, consecuentemente, también aumentan los problemas de salud y dependencia.




“En la actualidad el 9% de la población española padece algún tipo de discapacidad”, señala Julio Sánchez Fierro, porcentaje que “tenderá a incrementarse” a causa del progresivo envejecimiento de nuestra población y al hecho de que “las personas en edad más avanzada incurren más fácilmente en la Dependencia”. Muestra de ello es que más del 32% de las personas mayores de 65 años tiene alguna discapacidad, mientras que esta cifra no llega al 5% entre los menores de 65.

 

Un total de 40 millones de personas son dependientes en toda Europa. “Poner soluciones al estado en el que se encuentran constituye un reto para cualquier país, aunque en el caso concreto de nuestro país es especialmente complicado, ya que la población es una de las más envejecidas del mundo junto con la de Grecia”, señala el doctor Manuel de la Peña, presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, centro colaborador de la OMS. No hay que olvidar que “el 80% de las personas que no pueden valerse por sí mismas en nuestro país tienen más de 65 años y en ocasiones padecen hasta cuatro enfermedades simultáneamente, sufriendo hipertensión arterial el 41 %, colesterol elevado el 30 %, mala circulación el 29%, artrosis y problemas reumáticos el 50%,y las personas mayores representan el 38% de los ingresos hospitalarios”, afirma el doctor de la Peña, al tiempo que añade que “la atención a la dependencia es un nuevo yacimiento de empleo, ya que se necesitan más de 600.000 cuidadores profesionales”.


 



Financiación insuficiente




Julio Sánchez Fierro recuerda que hay coincidencia general por parte de las comunidades autónomas y de los expertos en que es posible cumplir los objetivos de la Ley con las dotaciones presupuestarias que hasta ahora se vienen aprobando, si bien “el ritmo de la concesión de las ayudas, prestaciones y servicios es demasiado lento”. Cuando se cerró la edición de la publicación que hoy se presenta, las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia habían beneficiado a 397.441 personas en sus grados de gran dependencia y dependientes severos, de las 641.485 que lo solicitaron.


Además, apunta que la dotación económica prevista para este concepto en los Presupuestos Generales del Estado para 2009 será algo superior a los 1.150 millones de euros, cantidad que, en su opinión, “seguirá siendo insuficiente”. A este respecto, este experto también destaca que “no se trata únicamente de facilitar una dotación económica de ayuda para las personas dependientes, sino que fundamentalmente es preciso facilitarles el acceso a los servicios asistenciales necesarios y que éstos sean de calidad”.

 

Respecto a los antecedentes de la Ley de Dependencia, Sánchez Fierro explica que se remontan a algunas iniciativas autonómicas y, a nivel estatal, a la revisión del Pacto de Toledo, el cual establecía las líneas de actuación y de reforma en el sistema de pensiones contributivo en octubre de 2003. “Entonces, los partidos políticos acordaron la promoción de una regulación que tuviera en cuenta la falta de autonomía personal y que estableciera la protección social y sanitaria de las personas dependientes”, asegura. El proyecto de Ley se aprobó en España en noviembre de 2006 y entró en vigor en 2007, “con un nivel de consenso muy amplio pero con una escasez de financiación muy notable”, matiza.



 






El “síndrome del cuidador”




El autor de “Salud y Dependencia” considera imprescindible que los poderes públicos aborden “con mayor decisión” programas y medidas de apoyo a las familias cuidadoras. En particular, señala que sería importante la “organización, difusión y oferta suficiente de atención a domicilio; diferentes apoyos, incluyendo las teorías formativas y económicas a favor de las asociaciones de pacientes y de familias de personas dependientes; desgravaciones y exenciones fiscales, además de bonificaciones directas en cuantía significativa; Tele-asistencia y Centros de Día para ayudar a la conciliación de la vida familiar y laboral y medidas para el descanso y respiro familiar”.


Asimismo, señala la necesidad de velar por las condiciones de trabajo de los cuidadores profesionales y ofrecer respuestas razonables. “Hoy, además de problemas retributivos y de estabilidad laboral, se dan otros no menos importantes que afectan a su salud laboral, hasta el punto de que se habla del ‘síndrome del cuidador’, que le lleva a situaciones de estrés, en ocasiones muy acusadas”, asegura.

Desde el punto de vista sanitario y sociosanitario, Julio Sánchez Fierro reclama la necesidad de intensificar la coordinación entre Atención Primaria y las distintas especialidades, “en particular la de Geriatría y Enfermería Geriátrica”. Asimismo, reclama la priorización de recursos y programas dedicados a las políticas de formación y de cualificación de los ciudadores, contemplando también programas de apoyo familiar.

 

 



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