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La españa oficial y la españa real.

La españa oficial y la españa real.

Hace
muchos años un determinado partido político basó gran parte de su campaña
electoral en el slogan que encabeza estas líneas y ganó los comicios a los que
se presentaba porque en nuestro país parece haber existido siempre un abismo
entre la realidad cotidiana y lo que la legislación nos exige a los ciudadanos.
Es como si aceptáramos de antemano que el BOE dice una cosa, pero que luego la
manga es ancha y que el cumplimiento de las leyes es prácticamente un objetivo
imposible.

Ahora,
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales anuncia una ley que se antoja
imprescindible sobre la dependencia de 
personas que no pueden vivir solas por su discapacidad física o
psíquica. Un proyecto  loable y seguro
que lleno de buenas intenciones, pero que ha encontrado algunas barreras -y no
precisamente arquitectónicas-  en su fase
inicial de tramitación. Este asunto, que debería gestionarse con urgencia, puede
verse frenado por meras confrontaciones políticas. 

Cuando una idea es buena,
venga de donde venga, debe aceptarse y colaborar para su inmediata y fácil
aplicación. Nuestra sociedad occidental, tan solidaria en los papeles y tan
egoísta y olvidadiza cuando se trata de arrimar el hombro, no puede hacer
política también con los más desfavorecidos porque se trataría de una conducta
hipócrita que entre todos debemos rechazar.

Los
farmacéuticos tenemos acceso, a través del mostrador, a situaciones injustas,
dolorosas o de auténtico desamparo. Hasta podemos detectar abusos de los
sempiternos listillos que se dan en todos los ámbitos de la vida. Tenemos ese
?toque? sanitario que nos permite ver las limitaciones de esos abuelos que se
hacen cargo de pequeños discapacitados por el trabajo de los padres y que, a
cambio, no reciben ayudas económicas o de cualquier otra naturaleza,
exceptuando el agradecimiento sincero de sus hijos. También conocemos el
silencioso esfuerzo de los que acompañan y ayudan a pacientes de esquizofrenia,
Alzheimer, tetrapléjicos ?
Todo un ejemplo de dignidad  que nuestros
responsables sociales quieren ahora confortar con una legislación coherente y
adaptada a cada circunstancia.

Tres
millones de personas en España están 
marcados, de una u otra forma, por el problema de la discapacidad. Hay
expertos y asociaciones de afectados que aportarían soluciones prácticas y
eficaces, competencia y conocimiento en estas materias. Se debe acudir a esas
fuentes para legislar y conseguir que, esta vez sí, la España oficial se adapte
a la realidad.



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