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“Respetar los derechos y libertades de las personas sordas es una garantía de salud mental”

El aislamiento social supone una de las principales causas de las disfunciones en la salud mental de cualquier persona. Desde esa perspectiva, es claro que las personas sordas pueden ser más vulnerables en tanto más aisladas de su entorno se encuentren, por lo que garantizar su plena inclusión y participación social resulta esencial para prevenir y combatir los problemas de salud mental entre este colectivo.

En este sentido, desde la CNSE reclamamos:

– Que se respete el derecho de las personas sordas a elegir la lengua de signos para acceder no sólo a la comunicación con el resto de la sociedad, sino también a la educación, a la formación profesional, a la cultura o al empleo. La lengua de signos no es sólo una lengua natural para cualquier persona sorda, sino que además, constituye un elemento facilitador para el desarrollo pleno de su personalidad y para el control de su propia vida y sus emociones.
– Que los recursos clínicos, asistenciales y educativos de mayor calidad no se concentren en las grandes urbes, sino que estén disponibles también en pequeñas ciudades y zonas rurales.
– Que las familias tengan acceso a recursos e información especializada que les ayude en el proceso de aceptación de la sordera de su hija o hijo sordo, y por ende, contribuya a su correcto desarrollo cognitivo y emocional.
– Que se avance en la mejora de los servicios específicos de salud mental y sordera con el objetivo de ofrecer una atención especializada que incluya la lengua de signos, y que asimismo, ofrezca unos adecuados sistemas de evaluación, diagnóstico y tratamiento.
– Que se mantengan los servicios de intérpretes de lengua de signos como un servicio universal y gratuito, ya que solo así se garantiza la plena participación social de las personas sordas, aspecto imprescindible para mejorar la autoestima, la independencia y la autonomía que tan implicadas están en la prevención de los trastornos psicológicos.

En definitiva, desde la CNSE hacemos un llamamiento a los poderes públicos para que tomen conciencia de las dificultades sociales y las barreras de comunicación a las que se enfrentan las personas sordas en España, y que a través de recursos adaptados a sus necesidades, se evite llegar a situaciones que comprometan la salud mental de este colectivo.



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