Andalucía podrá en marcha la ‘Alianza para la Protección de los Menores ante la Crisis’

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La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha anunciado que la Junta de Andalucía va a impulsar la creación la Alianza para la Protección de los Menores Ante la Crisis, como desarrollo del pacto Andaluz por la Infancia suscrito en octubre de 2010 por las fuerzas políticas andaluzas, el Defensor del Menor y UNICEF.

Durante la conferencia que la consejera ha pronunciado en el Foro Joly, titulada Políticas Sociales: una ventana al futuro, Sánchez Rubio se ha detenido especialmente en la Infancia, como prioridad en la agenda política y social del Gobierno de Andalucía. En este sentido, la consejera ha subrayado que los menores son particularmente vulnerables y más sensibles ante situaciones de pobreza y exclusión, por lo que actualmente es más necesario que nunca una mayor coordinación y cooperación para articular las medidas necesarias para proteger a este sector.

Con la citada alianza cuyo impulso ha anunciado la consejera, se pretende cubrir las necesidades básicas de este colectivo, impulsar la participación, la colaboración y la comunicación de las instituciones públicas, la iniciativa social y la privada; así como construir redes de asistencia, eliminar iniciativas de estética benéfica o estigmatizante, de manera que se garantice que todas las actuaciones se lleven a cabo respeten al máximo la dignidad y la intimidad de la vida personal y familiar de los niños y las niñas.

Sánchez Rubio ha remarcado igualmente la importancia de las cláusulas sociales, una herramienta que el Gobierno andaluz ha incluido en los pliegos de contratación pública. Se trata, tal y como anunció la presidenta Susana Díaz en su discurso de investidura, de cláusulas de gestión pública responsable también llamadas cláusulas sociales, como por ejemplo promover, en caso de empate, la perspectiva de género como elemento diferenciador o la contratación de profesionales con discapacidad.

Con estas cláusulas sociales se pretende favorecer el acceso al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social, personas con alguna discapacidad o mujeres en régimen de protección por malos tratos. Igualmente se promoverán los principios de publicidad y transparencia, con información veraz, así como el apoyo a la economía local, con especial interés en la pequeña y mediana empresa o primando, por ejemplo, el uso de productos de denominación de origen de especial protección, o los productos de comercio justo o ecológicos. También se pretende favorecer en la contratación pública la adopción por el licitador de medidas de eficiencia energética.

Frente a ello, ha resaltado que el Gobierno andaluz continuará promoviendo la igualdad real y efectiva para que nadie se quede atrás. “Las diferencias son legítimas, las desigualdades no”, ha señalado la consejera, quien ha abogado por “hacer de la pluralidad y de la singularidad una fuente de riqueza”.

 

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