Por otro lado, la aplicación de la Ley del Tabaco se está viendo obstaculizado por el desigual trabajo de las administraciones autonómicas. Solo seis han presentado datos acerca del número de actuaciones realizadas. Según los datos facilitados, Andalucía se encuentra a la cabeza con más de 65.000 inspecciones, 1227 denuncias, 915 expedientes incoados y 581 sanciones. Cataluña muestra 42210 inspecciones, con 617 denuncias y 222 expedientes incoados, sin ninguna sanción. Castilla y León anuncia 6599 inspecciones, cero denuncias, 438 expedientes incoados y 328 sanciones. Murcia ha realizado 3913 inspecciones tras recibir 316 denuncias, sin embargo tan solo ha abierto 145 expedientes e impuesto 8 sanciones. Por su parte, en Baleares se realizaron 242 inspecciones con 29 denuncias y 47 expedientes incoados. Navarra no específica cuantas inspecciones ha realizado pero sí que ha recibido 245 denuncias de las cuales ha abierto 182 expedientes y ha impuesto 75 sanciones. Es lamentable que el resto de las administraciones no hayan facilitado datos.
Estos datos no maquillan realidades que están a la vista de todos. En toda España han proliferado las terrazas ilegales, cubiertas por 3 y 4 lados, que requiere de la intervención ágil y de oficio de los cuerpos de seguridad del Estado para que demuestren que están por el cumplimiento de la Ley. “Por desgracia, Policía y Guardia Civil parecen desconocer el texto de la ley o no tener la voluntad de aplicarla.” sostiene la presidenta de Nofumadores.org. La asociación ha recogido, además, numerosos testimonios de ciudadanos que no han sido atendidos propiamente por la Policía cuando se estaba fumando en un local y se han negado a acudir a la llamada. En el tercer año de la ley del Tabaco Policía y Guardia civil deben comenzar a velar por su cumplimiento, especialmente en el tema de las terrazas, el ocio nocturno y los pueblos pequeños.
La mesa del Tabaco
Por otro lado, Nofumadores.org alerta ante la creación de la Mesa del Tabaco, que reunió a los responsables políticos de varias comunidades en la sede de Altadis en Cantabria. De nuevo, a pesar del masivo apoyo de la población a la ley actual, los políticos de Canarias, Cantabria, Extremadura, La Rioja y Navarra se reúnen bajo los auspicios de una multinacional encargada de torpedear las directivas europeas que protegen la salud y libertad de los ciudadanos y que intentan de ampliar la protección de la salud de los ciudadanos europeos. Fernandez Megina afirma que “estos políticos deben dejar de velar por los intereses de los accionistas de Altadis y más por la salud y libertad de los votantes que no quieren que se cambie la ley”.
