El dolor crónico es un fenómeno biopsicosocial y un grave problema de salud pública que tiene una prevalencia del 18% en España y que genera costes elevados tanto directos como indirectos. Se estima que el impacto económico en el PIB es de alrededor del 2,5% y en una población cada día más longeva, con aumento de comorbilidades, es necesario el plantear un abordaje del problema de salud de dolor crónico de una forma equitativa, eficiente y con perspectiva de sostenibilidad. Así se ha puesto de manifiesto durante el curso de verano de El Escorial “Sostenibilidad económica del abordaje del dolor crónico”, organizado por la Sociedad Española del Dolor (SED), junto con la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con la Fundación Grünenthal y el apoyo de Ferrer y Boston Scientific. Y es que, según ha destacado la doctora Luz Cánovas, coordinadora de la unidad de dolor de Ourense en Servizo Galego de Saúde y secretaria de este curso, “el gasto económico del tratamiento del dolor se duplicará o triplicará en 40 o 50 años”.

Para el doctor Víctor Mayoral, presidente de la Sociedad Española del Dolor, “es importante hacer cambios que pasan por un modelo de estrategias que favorezcan la prevención de la cronificación del dolor de los pacientes. Hay que actualizar el Plan de Dolor Estatal, que las comunidades autónomas se apunten al proyecto, su implementación e imitar aquellos modelos de éxito”.

Según se ha señalado durante el curso, el tratamiento de los pacientes con dolor crónico tiene un coste igual como el no tratamiento también registrado como absentismo/ preabsentismo laboral y uso de recursos sanitarios. El dolor tiene un impacto en la calidad de vida superior incluso a algunas enfermedades oncológicas. No sólo es el sufrimiento que genera, sino también el impacto socioeconómico medido en carga de enfermedad que le convierte en un generador de discapacidad.

Durante este curso se han valorado los impactos en costes directos e indirectos, y en patologías específicas, pero en estos momentos es necesario establecer un debate en el que todos los actores involucrados en el dolor crónico: pacientes, profesionales sanitarios y gestores puedan expresar sus expectativas y se compartan los modelos sostenibles de tratamiento del dolor crónico en nuestro país.

El desarrollo del derecho a la salud, junto con una creciente demanda social precisa de una exigencia de responsabilidad social e institucional a dos niveles: equidad horizontal (todos tienen derecho a recibir atención sanitaria) y equidad vertical (los individuos con mayor necesidad son atendidos más favorablemente).

Es patente el aumento de todos los países en gasto sanitario. El incremento creciente en los países desarrollado de la OCDE, entre los que se incluye España del gasto Sanitario viene condicionado por varios motivos: los cambios demográficos (más gente por encima de los 65 años), el desarrollo de investigación científica que ha posibilitado un crecimiento de la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria, el acceso a la información por parte de los ciudadanos que condiciona una mayor exigencia de calidad de servicios y atención sanitaria.

En este sentido, Paloma Alonso consejera delegada de Globesalud, ha defendido la necesidad de que el abordaje del dolor sea una prioridad en las agendas políticas de todos los gobiernos de la UE. “No puede ser que un factor como el dolor, que en las encuestas de salud sale como el principal problema de la ciudadanía, no se esté abordando desde una perspectiva integrada», ha aseverado.

Por su parte, Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), ha puesto de manifiesto los efectos dramáticos de la pandemia en pacientes con dolor crónico: “No tenemos los mismos pacientes que teníamos en marzo de 2020, están mucho peor, con más dolor y un empeoramiento muy grave”, ha lamentado.

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