Amianto, una amenaza global para la salud humana

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La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) le ha pedido al Ministerio de Sanidad que dirige el Sr. Salvador Illa que elabore un proyecto de Ley Integral del Amianto, de acuerdo con un Manifiesto elaborado por diversas entidades, para poder hacer frente a lo que constituye otra amenaza global para la salud humana: la pandemia de amianto. Instituciones europeas ya habían instado a los estados miembros y a toda la Unión Europea (UE) a erradicar el amianto de forma segura antes del año 2032. El contexto actual de reconstrucción que quiere acometer la UE brinda una oportunidad única a España para abordar una cuestión, la erradicación del amianto, postergada durante años, y erigirse en un referente internacional en la lucha contra este problema de salud pública, medioambiental y ocupacional de primer orden en nuestro país y en el mundo. 

“SEPAR urge a poner hilo a la aguja a la pandemia del amianto, que avanza de forma silenciosa e inexorablemente. La exposición al amianto es un problema global y mundial de salud pública. Como médicos neumólogos hemos querido asumir dos papeles: por un lado, trabajar para diagnosticar y tratar las enfermedades por exposición al amianto ya sea en el medio ocupacional, doméstico o en el medioambiente y, por otro, concienciar sobre el problema y advertir de las necesidades de eliminar por completo el riesgo de exposición actual al amianto. Pero debemos ir más allá y dotarnos de un marco legal, una Ley Integral del Amianto, para afrontar esta cuestión de forma integral y decisiva”, explica la Dra. Carmen Diego, neumóloga, secretaria general de SEPAR, autora del editorial “Amianto. Durmiendo con su enemigo” en Archivos de Bronconeumología este 2020. 

¿Qué es y dónde está el amianto? 

El amianto o asbesto es un grupo de seis minerales, bastante resistente, a la vez flexible y con propiedades aislantes que, debido a sus características, tuvo un amplio uso industrial y en la construcción durante el siglo XX. Se calcula que 2,4 millones de toneladas de amianto se destinaron a la industria del fibrocemento y la construcción en España, que sigue presente en numerosos edificios e infraestructuras y que solo en la ciudad de Barcelona hay más de 6.000 edificios y garajes que tienen este silicato. 

A lo largo del siglo XX, se fueron conociendo sus efectos nocivos sobre la salud respiratoria humana, basados en la capacidad de las fibras del amianto para provocar una reacción inflamatoria de lenta progresión y un efecto carcinogénico. Hoy, se estima que el 65% de la vida útil del amianto (de 30 a 35 años) que sigue instalado en la geografía española ha finalizado, lo que implica que las fibras que se desprenden de este sean más dañinas y letales. 

Actualmente, existen evidencias sólidas que vinculan la exposición al amianto con el desarrollo de placas, fibrosis y derrame pleural, atelectasia redonda, asbestosis, cáncer de pulmón, mesotelioma de la pleura y del peritoneo, cáncer de laringe y de ovario. El tiempo de latencia entre la exposición y aparición de estas enfermedades es de 20 a 40 años y, en la actualidad, aún se diagnostican enfermedades por amianto en personas que estuvieron expuestas a este material antes del 2002 -año en que se prohibió su uso en España-, así como entre trabajadores de obras y reparaciones que afectan a estructuras y edificios que lo contienen. 

A pesar de estas evidencias científicas, el amianto aún se encuentra de forma ubicua en muchos lugares: en fibrocemento, tejados de viviendas y naves industriales, tuberías de abastecimiento de agua, estructuras de todo tipo de edificaciones, públicas y privadas, centros educativos y viviendas, en los vertidos ilegales de entornos urbanos y rurales, en instalaciones e infraestructuras de transporte como ferrocarriles, barcos e, incluso, en el Metro de Madrid y Barcelona. Además, existen terrenos contaminados con vertidos de industria de amianto en numerosas poblaciones como Santa María de Benquerencia (Toledo), con un vertido de 90.000 toneladas de amianto y Altza (Donostia), Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y Bellavista (Sevilla), entre los más casos más graves, a los que cabe sumar casos inaceptables como los vertederos de “residuos no peligrosos” en los que se ha vivido una tragedia sanitaria y medioambiental en Zaldíbar (Vizcaya). 

“Como comunidad científica tenemos evidencias sólidas desde hace un siglo de que el amianto es un potente carcinógeno y que no existe un nivel de exposición segura a este, por lo que resulta inconcebible que siga presente en nuestros entornos urbanos y en el medioambiente. Es de vital importancia identificar todas las naves industriales, edificios, centros de trabajo e infraestructuras que aún contienen amianto y erradicarlo de nuestro medio de forma segura. El tiempo de latencia media entre la exposición y la aparición de distintas enfermedades como el cáncer de pulmón, el mesotelioma o la asbestosis es de unos 20-40 años, por lo que si no tomamos medidas y eliminamos el amianto de nuestro medio será inevitable que veamos nuevos casos de estas graves patologías y más muertes”, advierte la Dra. Isabel Urrutia, neumóloga y coordinadora del Área de Medioambiente de SEPAR. 

El amianto en cifras 

El amianto provoca cada año 88.000 muertes en Europa, lo que representa el 55-85% de los cánceres de pulmón en el trabajo, según un Dictamen de 2019 de CESE (2019/C 240/04). En España, se estima que podría haber 130.000 fallecimientos a causa de la exposición al amianto, antes del 2050, el 40% aún por acontecer, si no se toman medidas para revertir el incremento de víctimas. 

Otro problema relacionado con el amianto es que hay un infrarreconocimiento de las enfermedades causadas por este como enfermedades profesionales, ya que solo el 9% de los hombres que fallecieron en el territorio español entre 2007 y 2017 por mesotelioma debido a la exposición ocupacional al amianto -un cáncer raro en la población general y cuyo desarrollo está directamente relacionado con la exposición al amianto- fueron reconocidos como enfermos profesionales y este porcentaje de enfermos profesionales reconocidos es mucho menor en el caso de otros cánceres bronco-pulmonares y cae aún más entre las mujeres. 

Actualmente, existe una gran necesidad de conocer la dimensión del problema del amianto, tanto en cuanto a diagnósticos como a mortalidad por enfermedades malignas debidas al asbesto. Un estudio hecho en 544 pacientes en Barcelona y publicado en la revista Canadian Respiratory Journal en 2017 encontró que había una mortalidad relacionada directamente con el asbesto y que el 57,7% de estas muertes fueron debidas al mesotelioma, por lo que instaba a llevar a cabo un plan preventivo en la comunidad. También existe un infradiagnóstico de las enfermedades por exposición al amianto. En este sentido, SEPAR se ha propuesto dar un impulso al Registro de enfermedades por amianto en España, que ha permitido obtener información complementaria a la de las estadísticas oficiales u otros registros anteriores, como el registro MOR, sobre enfermedades respiratorias ocupacionales en general y de tres comunidades autónomas españolas, o el registro impulsado en el ámbito nacional PIVISTEA (Plan Integral de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Expuestos al Amianto), una iniciativa del Ministerio de Sanidad, para la detección y seguimiento de los trabajadores expuestos en España. 

En el registro de SEPAR, de carácter voluntario, los neumólogos notifican los casos. En una primera fase piloto, en la que han participado 10 centros españoles, se han detectado 100 casos de enfermedad por amianto, en personas con una edad media de 73 años (de 43 a 93), en su mayoría varones (89%) y exfumadores, con una exposición predominantemente ocupacional (87%). En la mayoría de los pacientes los diagnósticos más prevalentes fueron las placas pleurales (74%), la asbestosis (22%), la fibrosis pleural (10%), el mesotelioma (6%) y el cáncer de pulmón (6%). Los sectores laborales más comunes fueron el naval y la industria del fibrocemento, según un editorial publicado este 2020 en Archivos de Bronconeumología, la revista científica de SEPAR. 

Según el registro PIVISTEA, hasta la fecha se han identificado un total de 2.526 empresas que realizan o han realizado actividad laboral con amianto, y 56.373 trabajadores que manipulan o en su día manipularon este material, de los cuales 30.387 son trabajadores postexpuestos y 17.645 están actualmente expuestos. El número de enfermedades por amianto es de 6.570, el 53% de las cuales corresponden a placas pleurales. 

Ejes de la futura ley 

En este contexto, la futura Ley integral del amianto debería considerar diversos ejes, según un manifiesto sobre dicha ley firmado por diversas entidades ecologistas y profesionales. Los principales ejes son los siguientes: 

Esta ley debería incluir un sistema de detección activa y precoz de las enfermedades provocadas por el amianto y, desde el punto de vista científico, desarrollar proyectos de inversión en la investigación científica pública y privada para obtener métodos tanto para el diagnóstico precoz de los cánceres del amianto, en particular del mesotelioma como para lograr avances en los tratamientos. Reconocer los derechos de las personas afectadas, mediante un Fondo de Indemnización de las Víctimas de Amianto y Familiares (FIVA), una adecuada vigilancia y atención médica, la ampliación del cuadro de enfermedades profesionales, la aplicación de coeficientes reductores de jubilación en el ámbito laboral y que la responsabilidad empresarial por los daños causados no pudiera prescribir. Debería incluir un reconocimiento institucional a la memoria de las víctimas y ayuda y acompañamiento a los afectados por el amianto y sus familiares. 

Adecuar el Registro de Empresa con Riesgo por Amianto (RERA), a través de un sistema único estatal que debería ser accesible, de inscripción obligatoria y de oficio de todas las empresas o actividades en las que hubiera existido exposición al amianto antes o después de la prohibición. Y también actualizar los valores límite de exposición al amianto (laboral, medioambiental y de salud pública), así como las técnicas de detección y muestreo en superficies, tierras y agudas y las técnicas analíticas de laboratorios. 

Elaborar diversos planes: un censo estatal sobre el amianto instalado en edificios, infraestructuras, instalaciones, vertidos y vertederos en todo el territorio español; un plan estatal de erradicación segura del amianto para que España esté libre de amianto antes del año 2028 y que comprenda tanto el amianto instalado como el presente en residuos controlados y no controlados y suelos contaminados, con prioridades y fases de actuación, ya que primero debería iniciarse en los colegios, polideportivos y entornos con presencia de niños (especialmente sensibles al amianto), siguiendo por hospitales, edificios e instalaciones públicas e infraestructuras de transporte; un plan estatal de gestión y control de residuos con amianto, que incluya la destrucción segura de las fibras y su conversión en residuos no peligrosos, además de su eliminación progresiva en vertederos. Y un plan interanual de financiación co- participativa que implique al Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Unión Europea y agentes privados. 

También debe incluir políticas coordinadas destinadas a la información, formación y cualificación profesional de los profesionales sanitarios y técnicos, de trabajadores cualificados para la retirada y gestión del amianto, y de divulgación y concienciación general de los problemas relacionados con el amianto. Y la participación y liderazgo en el fomento y desarrollo de políticas internacionales para la erradicación universal del amianto, poniendo especial atención al control y prohibición del tránsito de materiales con amianto en el territorio español. 

Marco legal español y europeo previo 

En 2002 España aprobó la prohibición de importar y comercializar el amianto y el reglamento que regula el trabajo de manipular el amianto ya instalado data de 2006 y establece condiciones muy estrictas, pero SEPAR considera que urge ir más allá. El siguiente paso debe ser responder al mandato europeo de erradicar el amianto, ya que las instituciones europeas se han manifestado en este sentido en diversas ocasiones. 

La Resolución del Parlamento Europeo sobre los “Riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y las perspectivas de eliminación del amianto existente” (2012/2065 (IHI)) y el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre “Erradicar el amianto en la UE” (2015/C 251/03) han descrito la magnitud del problema y trazado el camino a seguir: la erradicación del amianto, mientras que, en 2015, el Consejo Económico y Social Europeo, en su Dictamen “Erradicar el amianto en la UE” (2015/C 251/03), dice que la erradicación del amianto de forma segura debe ser una prioridad para todos los estados miembro y la UE y fija como plazo máximo el año 2032 para conseguirlo. 

“El contexto actual de la pandemia de COVID-19 en el que la UE ha confirmado que pondrá en marcha un ambicioso plan de reconstrucción económica en Europa y el Banco Central Europeo ha anunciado el incremento de fondos de emergencia para afrontar esta crisis puede ser una oportunidad para elaborar una Ley Integral del Amianto en España, que permita abordar esta emergencia sanitaria postergada tantos años en España y que es tan necesaria no solo para proteger la salud de los españoles sino también el medio ambiente”, expone el Dr. Carlos A- Jiménez Ruiz, neumólogo y presidente de SEPAR. 

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