En este sentido, desde la CNSE reclamamos:
– Que se respete el derecho de las personas sordas a elegir la lengua de signos para acceder no sólo a la comunicación con el resto de la sociedad, sino también a la educación, a la formación profesional, a la cultura o al empleo. La lengua de signos no es sólo una lengua natural para cualquier persona sorda, sino que además, constituye un elemento facilitador para el desarrollo pleno de su personalidad y para el control de su propia vida y sus emociones.
– Que los recursos clínicos, asistenciales y educativos de mayor calidad no se concentren en las grandes urbes, sino que estén disponibles también en pequeñas ciudades y zonas rurales.
– Que las familias tengan acceso a recursos e información especializada que les ayude en el proceso de aceptación de la sordera de su hija o hijo sordo, y por ende, contribuya a su correcto desarrollo cognitivo y emocional.
– Que se avance en la mejora de los servicios específicos de salud mental y sordera con el objetivo de ofrecer una atención especializada que incluya la lengua de signos, y que asimismo, ofrezca unos adecuados sistemas de evaluación, diagnóstico y tratamiento.
– Que se mantengan los servicios de intérpretes de lengua de signos como un servicio universal y gratuito, ya que solo así se garantiza la plena participación social de las personas sordas, aspecto imprescindible para mejorar la autoestima, la independencia y la autonomía que tan implicadas están en la prevención de los trastornos psicológicos.
En definitiva, desde la CNSE hacemos un llamamiento a los poderes públicos para que tomen conciencia de las dificultades sociales y las barreras de comunicación a las que se enfrentan las personas sordas en España, y que a través de recursos adaptados a sus necesidades, se evite llegar a situaciones que comprometan la salud mental de este colectivo.
