La Ley del Aborto divide a España y enfrenta a los médicos

0
688

La entrada en vigor este 5 de julio de 2010 de la Ley del Aborto ha dado el pistoletazo de salida para que las comunidades gobernadas por los populares empiecen a poner pegas y objeciones a la norma y reclamen  la suspensión de su aplicación hasta que el Tribunal Constitucional emita un fallo sobre su constitucionalidad, una vez admitidos a trámite los recursos presentados por esta formación política.







































 embarazo

La llamada Ley de Reproducción Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo ya acumula tres recursos: el del partido de Mariano Rajoy, el del Gobierno de Navarra y el de varias asociaciones encabezadas por el centro jurídico Tomás Moro en su nombre y en el de otras cuatro entidades y un ginecólogo de Cádiz. Según informa el Diario El Confidencial, la dirección nacional del PP se ha mantenido en un segundo plano, cediendo el protagonismo hoy a sus Gobierno autónomos.

Rebelión en Murcia

La rebelión ha estado encabezada por el Ejecutivo murciano. Ramón Luis Valcárcel ha avanzado en la mañana del lunes que “no hay razones para acatar” la ley, puesto que ésta “todavía no están en su punto final”. Valcárcel, en declaraciones a los periodistas al término de la reunión en Madrid de la junta directiva nacional de su partido, ha indicado que ésta es la opción que maneja su Gobierno.

Por su parte, la portavoz de Política Social del PP, Sandra Moneo, preguntada por las declaraciones del presidente murciano, ha explicado que las comunidades autónomas que gobiernan los populares “harán el máximo esfuerzo por ofrecer a las mujeres y jóvenes toda la información” que necesiten ante embarazos no previstos.

La dirigente popular ha considerado “muy urgente” la paralización de la puesta en marcha de la norma y ha dicho que espera “un pronunciamiento cuanto antes del Constitucional”.

El caso de Madrid

LaComunidad de Madrid no ha llegado tan lejos como Murcia, se ha limitado a enfatizar su intención “de proteger en todo momento el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios”. Un derecho que -según la ministra de Sanidad Trinidad Jiménez-, “sigue como estaba”, lo que parece dudoso a la vista del texto legal.

El consejero madrileño de Sanidad ha dicho que “es un día muy triste para la mayoría de los españoles que están en contra de la ley”.

… El de Galicia

Por su parte, la Xunta de Galicia no introducirá información propia relacionada con las ayudas a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo en el sobre que, por decreto del Gobierno estatal, las autonomías deben entregar a las gestantes a partir de este 5 de julio de 2010.

Aunque la Consellería de Sanidade sostiene que cumplirá “escrupulosamente” la ley española, fuentes del mismo departamento de Pilar Farjas han confirmado al Diario El Confidencial que Sanidade será un “mero transmisor de la información que meta Madrid” en el paquete.

Ha habido más pronunciamientos. La portavoz de Igualdad del PP en el Senado, María del Carmen Dueñas, ha acusado a la norma de ir “en contra de la mayoría de los españoles”.

Y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, David Pérez, ha señalado por su parte que la nueva ley “es inhumana, inconstitucional e injusta”.

“Es el mayor retroceso democrático en 30 años de democracia, porque por primera vez se establece que un grupo de personas, las no nacidas, pueden ser eliminadas de forma terrible y sin derecho a defensa alguna”, ha subrayado en un comunicado.

Y el de Valencia y el de Navarra

El Gobierno valenciano por su parte ha indicado que debería haberse dejado en suspenso hasta la resolución del Constitucional, tal como ha pedido la dirección nacional del PP en su recurso.Navarra: “la ley está dividiendo a los españoles”

El Gobierno de Navarra reiteró este fin de semana su desacuerdo con la nueva ley del aborto y confirmó que, tras su entrada en vigor, seguirá derivando a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo en los supuestos legales a centros de otras comunidades autónomas y bajo subvención.

Según destacó la consejera navarra de Salud, María Kutz, esta decisión se debe a la “inseguridad jurídica” que existe por no estar regulada convenientemente la objeción de conciencia de los médicos.

Kutz defendió que Navarra “cumplirá la ley” y “garantizará” los abortos pero lo hará como hasta ahora, ya que el derecho a la objeción “está sin regular” en varias cuestiones como es la titularidad de la propiedad del registro de objetores, quién tiene o no acceso a ese registro, cómo se hace efectivo el derecho a objetar o la capacidad de cambiar de opinión, así como las disciplinas a las que afecta esta objeción.

También valoró positivamente que haya sido admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo foral, porque “sin duda alguna hay una invasión de las competencias de Navarra”.

La alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, ha señalado que la ley , que ha entrado en vigor el lunes, es una norma que está dividiendo a los españoles y atenta contra el fuero navarro.

Así, Barcina ha añadido, en declaraciones a COPE recogidas por Europa Press, que le “gustaría” que la pronunciación del Tribunal Constitucional (TC) al recurso de inconstitucionalidad de esta ley, presentado por el gobierno de Navarra, se produjese antes de la aplicación de la norma, ya que sus “efectos son irreversibles” y “si se pierde una vida ya no puede recuperarse”.

POSICIONES ALEJADAS

Las posiciones del PP y del Gobierno socialista no pueden estar más alejadas. Comienza ahora otra batalla coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva ley del aborto, recurrida ante el alto tribunal por los populares.

El presidente Zapatero ha subrayado en una rueda de prensa conjunta con el presidente sirio, Bashar al Asad, que se trata de una ley “de prevención; de seguridad y europea”.

“De prevención porque está destinada a evitar embarazos no deseados, de seguridad porque da más garantías a los profesionales y a las mujeres y europea porque está en la media de las leyes de países de la UE con Gobiernos de todos los colores políticos”.También ha defendido su plena constitucionalidad; “no crea inseguridad jurídica”.

Zapatero ha aprovechado su comparecencia de esta mañana para apuntalar su defensa a la nueva legislación sobre la interrupción del embarazo y además ha reprochado al principal partido de la oposición “una constante de la anterior legislatura y también de ésta”: “Lo que pierde políticamente en la mayoría social y parlamentaria siempre lo traduce en un recurso ante el Constitucional”. A continuación ha añadido: “Está en su derecho, pero las posiciones de fondo de los partidos políticos son las que marca la mayoría parlamentaria dentro de la Constitución“.

Los médicos denuncian que la ley ha entrado en vigor incumpliendo su propia normativa

 

La polémica llega hasta el propio colectivo médico. En este sentido se han pronunciado los expertos de Ginecólogos por el Derecho a Vivir, quienes han denunciado que, en el día de entrada en vigor de la nueva ley del aborto, no se está cumpliendo con la letra de la ley de informar a las mujeres de todas las alternativas y ayudas existentes para la maternidad en un “sobre cerrado” que se entregará “en cualquier centro sanitario público o bien en los centros acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo”, como está estipulado.

 

En concreto, según ha podido conocer Ginecólogos por el Derecho a Vivir, el material entregado por la Comunidad de Madrid está censurado, o cuando menos, descompensado ya que ofrece una extensa lista de “centros sanitarios de planificación familiar”,mientras que ofrece escasísimos datos sobre otro tipo de entidades privadas, que además no tienen ánimo de lucro y que ayudan a las madres gestantes en dificultades ante un embarazo inesperado.

 

El rechazo a entidades de ayuda a las embarazadas sin ánimo de lucro, se justifica en que son “privadas”. Sin embargo, sí proporciona centros privados con ánimo de lucro de realización de abortos.

De lo afirmado en la LO 2/2010 a lo plasmado en el RD 825/2010 del lugar de entrega del “sobre cerrado” existe una variación, ya que en este último real decreto se señala que “se le hará entrega en cualquier centro sanitario público o privado acreditado para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo de un sobre cerrado elaborado y editado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde vaya a practicarse la intervención”. Es decir, que sólo se hará entrega en centros de realización de abortos y no en centros sanitarios públicos como también añadía la LO 2/2010.

 

Un sobre y la cita para abortar

Según ha podido conocer DAV a través de una colaboradora de esta entidad que prefiere mantener el anonimato, en uno de los establecimientos abortistas situados en Madrid la entrega del sobre se realiza al tiempo que se les toma cita para tres días después, dando por sentado que la información contenida conduce a quien la recibe a pedir un aborto.

Además, en este caso, se le indicó a la mujer que “si estás muy interesada y te corre prisa te lo podemos hacer todo en el mismo día porque me parece que hasta octubre podemos aplicar la ley antigua. Sería vernos y en hora y media se ha acabado todo”. Este testimonio demuestra lo que ya se sabía y que tantas veces se ha denunciado: que los abortorios, lejos de las mentiras con las que se publicitan, no buscan ayudar a la mujer, sino lucrarse a costa de la vida de sus hijos y del sufrimiento que les provocan.

Siendo un caso concreto, Ginecólogos por el Derecho a Vivir muestra su preocupación por que esta práctica sea común en toda España, no sólo en la Comunidad de Madrid.

Además, para Ginecólogos por el Derecho a Vivir, es preciso que la embarazada reciba el “sobre cerrado” en un ambiente independiente y no tendencioso como puede ser su centro de salud y no un abortorio. Además, desde Ginecólogos DAV se insiste en la importancia de una visita médica o de la valoración por un ginecólogo con una ecografía como parte de la información que debe recibir la mujer.