Los dentistas, en pie de guerra por el informe de FACUA sobre precios

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El Consejo General de Dentistas advierte de que el estudio de FACUA sobre precios de tratamientos odontológicos es poco riguroso e incompleto. En su alegato advierte que el estudio de FACUA, que analiza las diferencias de precios por distintos tratamientos odontológicos, no ofrece información rigurosa y completa, ya que ha sido realizado sin tener en cuenta aspectos tan importantes como la experiencia, formación, capacidad y destreza de los profesionales; la calidad de los materiales y la tecnología utilizados, así como las prestaciones y servicios de valor añadido que ofrece la clínica al paciente.

Por otro lado, hay que señalar también que tanto el diagnóstico, las necesidades así como las características terapéuticas para tratar una patología determinada son distintas en cada paciente, por lo que los estudios comparativos de prestaciones sanitarias de estas características resultan temerarios y muy complicados de llevar a cabo sin incurrir en error o imprecisión.

Asimismo, el Consejo General de Dentistas advierte de los peligros de este tipo de estudios ya que pueden inducir a la población a contratar tratamientos “low cost” basando su elección en criterios meramente económicos y no en base a criterios clínicos, de profesionalidad, calidad y seguridad. Estos estudios pueden generar en el paciente expectativas erróneas que incluso podrían llevarle a recibir un tratamiento inadecuado.

En cuanto a la metodología utilizada para realizar dicho estudio, el Consejo General destaca que la encuesta telefónica es absolutamente inadecuada para este tipo de estudios, ya que no permite realizar una comparativa que arroje datos precisos y objetivos.

Por estos motivos, la Organización Colegial de Dentistas considera que las conclusiones del estudio realizado por FACUA no son correctas.

Del mismo modo, la Organización Colegial de Dentistas recuerda que la Odontología en España es una profesión liberal (al igual que lo son la Abogacía o la Arquitectura entre otras muchas), que se ejerce en una situación de libre mercado y, por tanto, los honorarios profesionales en el ejercicio privado son fijados libremente por el profesional en base a los servicios y calidad ofrecidos.

En este sentido, la normativa vigente prohíbe a los Colegios Profesionales establecer baremos orientativos así como cualquier otra recomendación, directriz, norma, orientación o regla sobre honorarios profesionales, y así lo ha refrendado también la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

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