Por razones éticas y de salud pública, tras casi dos años desde la retirada de asistencia al inmigrante sin permiso de residencia

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) tuvo claro desde el principio que el Real Decreto Ley 16/2012 que incluye la retirada de asistencia al inmigrante sin permiso de residencia no sólo no es coste-efectiva para el Sistema Nacional de Salud (SNS), sino que además pone en riesgo la salud pública. En palabras de la doctora María Fernández, vicepresidenta de semFYC y miembro del Grupo de Atención al Inmigrante, “los inmigrantes también padecen patologías crónicas y enfermedades infecciosas, como la tuberculosis. El no ser tratados a tiempo y adecuadamente dificulta su control y aumenta la mortalidad. Vivimos en una sociedad donde la salud de mi vecino influye en la mía, y con medidas como ésta corremos el riesgo de ser una sociedad más enferma”.

Desde hoy y hasta el viernes este será uno de los temas objeto de debate en diferentes mesas del XXXIV Congreso de la semFYC que tiene lugar en Gran Canaria, ya que los médicos de familia, como puerta de entrada al SNS, son los profesionales a los que más afecta esta situación, tanto desde el ámbito asistencial como desde el punto de vista ético. En este sentido, el presidente de semFYC, el doctor Josep Basora, deja claro que, “una cosa son las políticas migratorias de los gobiernos y otra es la atención sanitaria. No se puede basar una política sobre inmigración en restringir la atención sanitaria a las personas que conviven en nuestro país. Entre otras cosas, el hacerlo se pone en riesgo la salud de toda la población. Asimismo, hay cuestiones humanitarias y de solidaridad que nos impiden estar de acuerdo con esta medida, ya que es contraria a la lealtad que el médico debe tener a su paciente y que siempre debe prevalecer”.

Más gastos y conflictos éticos
Está demostrado que el disminuir la accesibilidad a los servicios de Atención Primaria incrementa los costes derivados de diagnósticos más tardíos o tratamientos de enfermedades más avanzadas. “Además, si se niega ese acceso a colectivos vulnerables los costes se incrementan porque también dejar de recibir actividades preventivas que son las más coste-eficientes en el ámbito sanitario. También hay que tener en cuenta que se ha redirigido la atención de este colectivo a la urgencia hospitalaria, lo que resulta más caro y mucho menos coste-efectivo que la promoción y prevención que los médicos de familia llevamos a cabo”, asegura la doctora Fernández.

Y si bien es evidente que la medida no genera ningún ahorro para el SNS y la calidad de la atención sanitaria ha disminuido, a esto hay que añadir los conflictos éticos/deontológicos que plantea. Por lo que la semFYC recuerda que es precisamente en tiempos de crisis cuando más presente hay que tener los principios y valores que definen la labor del médico de familia. Como asegura el presidente de esta sociedad científica, dejar de forma súbita sin asistencia sanitaria a personas que hasta entonces habían gozado de ese derecho plantea “serios conflictos éticos”. “Nos pone en una tesitura complicada porque no podemos dejar de atender a quien ha sido nuestro paciente. Si seguimos la ley, estaríamos vulnerando el código deontológico médico. Las normas internacionales establecen el valor de la continuidad de nuestra labor asistencial”, asegura el doctor Basora.

La doctora Fernández reconoce que el cambio que se está produciendo en el SNS es un retroceso y señala que, “todas las medidas que excluyan a colectivos de prestaciones sanitarias suponen un riesgo para la universalidad, equidad e igualdad en el Sistema Sanitario Público. Unos pilares que han conseguido que la Sanidad de nuestro país fuera, hasta ahora, una de las mejores del mundo, por lo que estamos obligados a defenderla para que siga siendo así”.

Situación del inmigrante en AP
Según diversos estudios nacionales e internacionales, realizados en el ámbito de la Atención Primaria (AP) y Hospitalaria, los inmigrantes usan mucho menos el sistema sanitario que los autóctonos. Algunas de las causas que explican este hecho es que la mayoría de inmigrantes “irregulares” son jóvenes y sanos (especialmente los de los países pobres). En general, los datos muestran que los inmigrantes están usando y gastando en la Sanidad Pública mucho menos que los españoles.

No obstante, añade la doctora Fernández, “los inmigrantes siguen acudiendo a los centros de salud, pero sobre todo por problemas graves. Estos pacientes, al no disponer de tarjeta sanitaria, no figuran en los cupos de los médicos de familia, por lo que no son tenidos en cuenta a la hora de asignar recursos. De manera que tenemos serios problemas a la hora de solicitar pruebas diagnósticas o administrar tratamientos”.

Así pues, el RD 16/2012 ha obligado a que los inmigrantes hagan un mal uso del SNS, pues sólo les queda la atención sanitaria urgente, a pesar de que como insiste la doctora Fernández, “la mayoría de sus problemas de salud se podrían resolver en las consultas a demanda, permitiendo, además, garantizar tanto la continuidad asistencial como una atención integral”.

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Redacción Consejos

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