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Desde la AEP apuestan, por este motivo, por la restricción absoluta del tabaco en los ámbitos donde los fumadores pueden perjudicar a los demás. “Habría que garantizar que, al contrario de lo que ocurrió con la anterior norma, la ley se cumpla, arbitrando y empleando con rigor los instrumentos punitivos precisos”, comenta el vicepresidente de la AEP.
Como apoyo para favorecer el cumplimiento de la misma, desde la AEP se considera “imprescindible el desarrollo de estrategias educativas en el ámbito de la prevención en todos los niveles sociales (familiar, escolar, laboral, etc.); la puesta en valor del mérito de la norma en el ámbito escolar, la facilitación de programas de deshabituación, la financiación de productos farmacéuticos necesarios y la implicación de los colectivos afectados”, asegura el doctor Nieto.
Y es que si el tabaco es un problema de salud de primer orden, de hecho es la droga más perjudicial, “sus daños directos no son equiparables a los inducidos por ninguna otra sustancia dañina”, sus efectos nocivos adquieren una mayor gravedad en el caso de los niños, “que representan el colectivo más ignorado y más vulnerable en todo este asunto”, apunta el vicepresidente de la AEP.
Los pediatras recuerdan que son muchos los estudios que demuestran que la exposición pasiva al humo del tabaco en los niños aumenta de forma muy notable el riesgo de padecer otitis media, síntomas respiratorios, asma y muerte súbita. Asimismo, numerosos trabajos documentan que los hijos de madres fumadoras pesan menos al nacer y presentan un desarrollo pulmonar alterado que facilita la temprana aparición de enfermedades respiratorias.
En respuesta a aquellos detractores de la ley que auguran graves consecuencias económicas, el vicepresidente de la AEP se remite a la experiencia de otros países. “El impacto que sobre los costes indirectos e intangibles tienen las enfermedades inducidas por el tabaco es enorme y, con esta norma, esperamos que disminuya la incidencia de muchas de ellas y de sus consecuencias”.