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El Foro Español de Pacientes, entidad que agrupa a 24 grandes organizaciones de pacientes y voluntarios, que incluyen 1.041 asociaciones y 685.276 miembros, quiere expresar su malestar porque, ante el planteamiento de cambios sustanciales en la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, ya que no se ha tenido en cuenta, ni desde el Parlamento Español ni desde los partidos políticos, la opinión y visión de los legítimos representantes de los pacientes.
Este hecho es inaudito en un Estado democrático perteneciente a la Unión Europea, sobre todo si se tiene en cuenta que los cambios propuestos pueden generar una situación de indefensión jurídica, de inseguridad clínica y confundir al paciente en relación a los diferentes roles competenciales de los diferentes profesionales sanitarios.
Ante esta situación, el Foro solicita a los partidos políticos representados en el Parlamento Español las siguientes acciones:
1. Que las Enmiendas al articulado de la Ley 29/2006 sigan los trámites habituales de audiencia a los diferentes agentes de salud, incluidos los pacientes, y no sean gestionadas de forma apresurada, respondiendo a otros tipos de intereses.
2. Que el cambio de articulado de la Ley no cree indefensión jurídica respecto a quien es responsable legal de la prescripción y de sus consecuencias; inseguridad clínica, respecto al manejo clínico de la prescripción y su relación con quien ha realizado el proceso diagnóstico; y confusión de roles 
competenciales, respecto al profesional en quien el paciente ha depositado su confianza en el manejo clínico – diagnóstico y terapéutico de su enfermedad.
3. Que el nuevo redactado de la Ley surja del consenso entre las diferentes profesiones sanitarias, evitando dar la sensación de que ésta suscita una situación de vencedores y vencidos, que, en última instancia perjudica al paciente, QUIEN DEBE SER EL PRINCIPAL BENEFICIARIO DE LA LEY.
4. Que la política en las leyes que afectan a los pacientes cumpla la función de ser resolutiva y no genere conflictos evitables y cree confusión en los destinatarios de las mismas, evitando promover la ambigüedad en las áreas de decisión clínica. Asimismo, las políticas deben huir de los intereses corporativos y de los partidos políticos específicos, protegiendo los intereses de los pacientes en los marcos legislativos y normativos.
5. Que las situaciones no contempladas en la Ley original sean solucionadas a nivel local mediante protocolos, guías de práctica clínica, consensuadas entre los profesionales y adaptadas a los contextos de utilización que se producen en el Sistema Nacional de Salud, evitando transmitir la sensación de que la relación entre pacientes o profesionales debe estar interferida por las Autoridades Sanitarias.