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El tribunal Superior de Justicia
de Andalucía ha reconocido, a través de una sentencia, el derecho de los
farmacéuticos a negarse a dispensar determinados fármacos que vayan en contra de
sus convicciones éticas alegando la objeción de conciencia. Con esta sentencia
el farmacéutico que desee ejercer este derecho recibe un espaldarazo claro y
contundente.
Para encontrar la génesis de esta
sentencia, tenemos que remontarnos al año 2001, cuando la Junta de Andalucía
publico una orden de existencias mínimas en la que obliga a las farmacias a tener
la píldora del día después y preservativos. Amenazando la Administración en
sancionar a las farmacias que no dispensen la píldora del día después. Originando
una batalla jurídica de seis años que se cierra con la sentencia antes aludida.
Sin embargo, el fallo del alto
tribunal andaluz abre un panorama paradójico, las oficinas de farmacia estarán
obligadas a tener existencias de la píldora del día después pero el
farmacéutico podrá negarse a dispensarla. Porque la sentencia desestima el
recurso original que pedía la anulación de la Orden de existencias mínimas, por
cuanto el objetor de conciencia no puede hacer prevalecer sus condiciones
religiosas o morales para justificar la nulidad de una norma general, pero
admite que este derecho de negarse a dispensarla, si pueda ser ejercido
individualmente por el objetor.
La sentencia confirma que no
existe un derecho absoluto a la objeción de conciencia sino que habrá que
analizar caso por caso, ponderando o valorando los derechos fundamentales
cuando entren en conflicto.
Otro aspecto de esta sentencia
gira en torno al enfrentamiento entre el derecho al acceso a medicamentos y las
garantías que pone para ello el sistema sanitario, por tanto no se puede dar
por cerrado el debate si es o no posible negarse a dispensar un medicamento
bajo el amparo de la objeción, por cuanto lo único objetivo que podemos sacar
de la sentencia es que ese derecho es invocable pero
en ningún caso predetermina la resolución que obtendremos en cada caso
concreto. Aunque en el caso de las píldoras poscoitales
que se dispensan en los centros de planificación familiar, es más ?un problema
político? que sanitario.
Francisco González Lara