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El Consejo General de farmacéuticos ha elaborado un estudio donde se analizan los aspectos sanitarios y económicos de la venta de las EFP (Especialidades Farmacéuticas Publicitarias) en las farmacias y alerta sobre los peligros de su dispensación fuera de este ámbito.
El informe sobre las EFP expone que la dispensación de estos medicamentos en las oficinas de farmacia representa una garantía de salud para los ciudadanos ya que una hipotética salida de estos medicamentos a otros canales de venta no tiene justificación desde el punto de vista sanitario ni económico. El medicamento es un bien sanitario que debe dispensarse en establecimientos sanitarios como son las farmacias, lo contrario es considerarlo una mercancía y eso es contrario a su uso racional.
Riesgos
Las EFP son un medicamento más, la diferencia con otros medicamentos es puramente administrativa, por lo que deben reunir los mismos requisitos sanitarios; son imprescindibles para la salud, pero su uso indiscriminado puede ocasionar efectos no deseados. De hecho en los países en que estos medicamentos se venden fuera de las oficinas de farmacia, las incidencias provocadas por su mala utilización son mucho mayores, incluso llegando a tener elevados porcentajes de ingresos hospitalarios por urgencias, que además acaban repercutiendo en el crecimiento del gasto sanitario total.
La dispensación de EFP en las oficinas de farmacias se justifica por la función de promocionar la salud, un 25 por ciento de las personas que entran en una farmacia reciben un consejo sanitario, se les recomienda visitar al médico o evitar tomar ciertos alimentos o fármacos que podrían provocar interacciones. Este objetivo choca con la finalidad de otros establecimientos comerciales centrados en la promoción de productos mediante ofertas, promociones y descuentos para un mayor consumo.
Ahorro
La experiencia demuestra que vender las EFP fuera de las farmacias tampoco se traduciría en un ahorro de los consumidores. En países en que los medicamentos tienen precio libre éstos son más caros. En España ocurre algo parecido con los medicamentos de uso animal, cuyos precios son libres y llegan a ser hasta cinco veces más caros que los de uso humano, cuyo precio está controlado.
En el hipotético caso de que de que las EFP salieran de las farmacias el supuesto ahorro económico podría provocar graves repercusiones sanitarias derivadas de un mal uso de los medicamentos y costes económicos derivados del tratamiento de los trastornos originados por su incorrecta utilización, además de escasos resultados terapéuticos que se pueden derivar de una utilización indebida.
El ordenamiento farmacéutico español en materia de medicamentos es de los más modernos de Europa, con un uso racional del medicamento y mecanismos asistenciales con la Atención farmacéutica, con el motivo de asegurar un correcto seguimiento y cumplimiento de los tratamientos farmacológicos. Nuestra legislación asegura disponer a tiempo de cualquier medicamento con las mejores garantías, a través de una red de casi 20.000 farmacias que cubre todo el territorio nacional durante las 24 horas, sin recargo alguno y permitiendo la retirada inmediata de un medicamento en el caso de que sea necesario; ventajas que no se disfrutan en otros países y que podrían perderse en el nuestro.
SOBRE LA «LIBERALIZACIÓN» EN NAVARRA
El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra, Juan Carlos González Gavari, ha realizado algunas puntualizaciones sobre la llamada liberación del sector en esta comunidad. Entre otras cosas considera que «no se trata de ninguna liberalización porque la atención farmacéutica es un servicio público reglado en el que los precios de los fármacos están fijados por el Ministerio de Sanidad y se expenden con receta, y el número posible de farmacias está sometido a límites, incluso en Navarra».
Juan Carlos González alerta del riesgo que este paso supone ya que «lo que está en juego no es la libertad del comercio de fármacos? sino si la nueva normativa acabará o no con el actual modelo de atención farmacéutica con el que todos los ciudadanos de la Comunidad Foral tienen a su alcance la oficina de farmacia». «Si se deja la atención farmacéutica al albur de la competencia entre oficinas de farmacia, con el riesgo de incursión de grandes consorcios comerciales, es muy posible que algunas farmacias no resulten rentables y cierren, y no debe excluirse que terminen cerrando los que ya están abiertos en pequeñas localidades».
El representante del colegio considera que «si lo que se pretendía era aumentar el número de oficinas de farmacia para dar entrada a nuevos profesionales que tenían, ciertamente, bloqueado el acceso a la profesión (y no tanto para cubrir carencias asistenciales de la población, que prácticamente no existen), la ley podía haber arbitrado procedimientos más racionales y acordes con la calidad del servicio que se pretende mantener, como se ha hecho en el resto de España».