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La mutilación genital femenina comprende todos los procedimientos para la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de estos, por motivos no médicos.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta práctica la suelen realizar circuncisores con otras funciones importantes en su comunidad como la asistencia al parto, pero también es común que profesionales de la salud la practiquen movidos por la creencia errónea de que es más seguro si se realiza en condiciones medicalizadas. La mutilación genital femenina es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas y constituye una forma extrema de discriminación de la mujer.
Procedimientos
Existen varias técnicas para llevar a cabo la mutilación genital, que se realiza en la mayoría de los casos en la infancia (en algún momento entre la lactancia y la adolescencia) y ocasionalmente en la edad adulta.
Clitoridectomía: es la eliminación total o parcial del clítoris y la piel que lo rodea. Escisión: eliminación parcial o total del clítoris y de los labios menores o pliegues internos de la piel que rodean la vagina.
Infibulación: corte o recolocación de los labios menores y mayores que incluye la reducción de la abertura de la vagina, dejando a las mujeres con un orificio muy pequeño por el que debe pasar el flujo menstrual y la orina. Esta práctica es extremadamente dolorosa y conlleva un riesgo permanente de contraer infecciones.
Existen otros procedimientos lesivos de los genitales como la perforación, incisión, raspado y cauterización del clítoris o el área genital.
Mutilación genital femenina: también en España
La mutilación genital femenina está prohibida en la mayoría del mundo, pero aún es una práctica común en una treintena de países de África, Oriente Medio y Asia. La OMS alerta, además, de que también se dan casos en otras regiones del mundo entre comunidades inmigrantes de esas áreas. Los motivos responden a razones socioculturales o religiosas.
En España constituye un delito castigado con entre 6 y 12 años de cárcel y, además, puede suponer la pérdida de la custodia de la menor aunque la mutilación se haya producido en otro país. En nuestro país unas 18.000 niñas podrían estar expuestas a mutilaciones, según un estudio realizado por la Fundación Wassu de la Universidad Autónoma de Barcelona.
No tiene justificación médica, ¡solo provoca daños!
La OMS explica que los riesgos de esta práctica aumentan a medida que lo hace la gravedad del procedimiento. Entre las complicaciones inmediatas, desde dolor intenso, pasando por hemorragias e infecciones hasta la muerte. A largo plazo puede provocar infecciones urinarias; problemas vaginales y menstruales; sexuales (coito doloroso, menor satisfacción); cicatrices y queloides; complicaciones en el parto y mortalidad neonatal; necesidad de nuevas intervenciones quirúrgicas y trastornos psicológicos.