La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) ha presentado sus propuestas al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en el marco de la consulta pública previa para la modificación de la Ley 13/2011 de regulación del juego. La organización considera que esta reforma representa una oportunidad clave para fortalecer la protección de la población frente a los riesgos derivados del juego online y adaptar la normativa a la realidad digital actual.
La red, formada por 204 entidades sociales, destaca que el ecosistema del juego ha experimentado una profunda transformación en los últimos años debido a la expansión de las plataformas digitales, la disponibilidad permanente de los servicios y las nuevas estrategias de captación de usuarios.
La salud pública, eje de la futura regulación
UNAD valora positivamente la apertura de este proceso participativo, cuyo plazo para presentar aportaciones permanecerá abierto hasta el próximo 22 de junio, y defiende que la nueva legislación sitúe la protección de la salud pública como uno de sus principales objetivos.
Entre las cuestiones que más preocupan a la organización se encuentran determinadas prácticas promocionales utilizadas por las empresas del sector, como los bonos de bienvenida, incentivos económicos, comunicaciones personalizadas o campañas protagonizadas por perfiles con una elevada capacidad de influencia en redes sociales.
Según advierte la entidad, estas estrategias pueden contribuir a normalizar el juego de azar y reducir la percepción de riesgo entre la población, especialmente entre los colectivos más jóvenes.
Desde UNAD consideran que las limitaciones a estas prácticas deben quedar recogidas directamente en la futura ley. En este sentido, recuerdan que «La protección de la ciudadanía y, especialmente, de la infancia, la adolescencia y la juventud no puede depender de normas de rango inferior susceptibles de ser impugnadas. Es necesario que las restricciones a la publicidad y a las promociones del juego cuenten con el máximo respaldo jurídico».
Más de 1.300 atenciones por adicciones comportamentales en 2024
La experiencia acumulada por las entidades integradas en UNAD les permite conocer de primera mano el impacto que las nuevas dinámicas digitales tienen sobre las conductas de juego problemático y las adicciones sin sustancia.
Durante 2024, la red llevó a cabo 1.304 atenciones directas en programas específicos dirigidos a personas con adicciones comportamentales, entre ellas las relacionadas con el juego de azar presencial y online.
Los datos recopilados por la organización también reflejan la necesidad de incorporar una perspectiva de género en las políticas de prevención y atención. Según UNAD, el 24% de las personas atendidas fueron mujeres, un colectivo que suele acceder a los recursos especializados en fases más avanzadas debido al estigma social que todavía rodea estas problemáticas.
El juego, principal motivo de tratamiento por adicciones comportamentales
La organización recuerda que el juego de azar continúa siendo la principal causa de ingreso en tratamiento por adicciones comportamentales en España, una realidad que, a su juicio, obliga a reforzar tanto las medidas preventivas como los mecanismos de control sobre las estrategias comerciales más agresivas.
Para UNAD, la creciente digitalización del sector exige una actualización normativa que permita responder de manera eficaz a los nuevos desafíos derivados del entorno online.
Mayor presencia del Tercer Sector en los órganos consultivos
Entre las propuestas trasladadas al Ministerio, la red también plantea ampliar la participación de las entidades sociales especializadas dentro del Consejo Asesor de Juego Seguro.
La organización considera que el conocimiento obtenido a través de la atención directa a personas afectadas y sus familias puede aportar un valor añadido en la elaboración, evaluación y mejora de las políticas públicas relacionadas con la prevención y el tratamiento de los problemas derivados del juego.
UNAD concluye que la reforma de la Ley del Juego debe orientarse hacia la prevención, la reducción de daños y la protección efectiva de los colectivos más vulnerables, al tiempo que reitera su voluntad de colaborar con las administraciones públicas en la construcción de un marco regulatorio más sólido y adaptado a los retos del entorno digital.
