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Los estrictos controles del sistema español de trasplantes han frustrado los escasos intentos de comercialización de órganos registrados hasta ahora en nuestro país. Destacamos el papel clave de los profesionales y sistemas sanitarios en la lucha contra el tráfico de órganos, en la cual España es un ejemplo en el mundo entero.
Alrededor de 10.000 trasplantes en el mundo (8%) se realizan bajo alguna forma de comercialización, aunque en la práctica se desconoce su alcance real. Así lo ha asegurado el secretario general de Sanidad y Consumo, Javier Castrodeza durante la inauguración de un taller internacional para formar a expertos sanitarios nacionales, organizado por la Dirección Europea de Calidad de los Medicamentos y la Asistencia Sanitaria (EDQM) del Consejo de Europa, en colaboración con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). En su intervención, Castrodeza ha destacado la importancia de esta iniciativa, que demuestra la firme decisión del Consejo de Europa por “impulsar con medidas prácticas, la lucha contra el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes, una lacra que vulnera los derechos fundamentales de las personas más vulnerables”.
Un sistema de notificación obligatorio
Según Castrodeza, los profesionales y los sistemas sanitarios tienen un papel clave en la lucha contra el tráfico de órganos y el turismo de trasplante, precisamente por los controles que necesitan los pacientes antes y después de la intervención. “Según la evidencia científica, entre el 40% y el 70% de los turistas de trasplante desarrollan una complicación infecciosa, mortal en más de un 20% de los casos”, afirma. Algunas de estas infecciones están causadas por organismos resistentes a los tratamientos antibióticos disponibles, que serían importados al país de origen de estos pacientes cuando regresan después de un trasplante realizado en condiciones no adecuadas. De ahí que los profesionales del trasplante, en un encuentro organizado por la Sociedad Internacional de Trasplantes y la ONT en Madrid el pasado mes de abril, decidieran establecer un sistema de notificación obligatorio que obligaría a los profesionales sanitarios a informar a las autoridades de los pacientes trasplantados en el extranjero que regresan a su país de origen para sus cuidados posttrasplante, tanto si éste se ha realizado lícitamente como si no. La creación de este sistema de notificación se sustenta en aspectos legales y éticos, pero también en la necesidad de prevenir riesgos para la salud pública.
En los 5 continentes
El tráfico de órganos y el turismo de trasplantes es un problema global, que se da en los cinco continentes. De hecho, la Sociedad Internacional de Trasplantes, a través del Grupo Custodio de la Declaración de Estambul, ha acreditado la existencia de este tipo de delitos en Pakistán, Bangladesh, Filipinas, Turquía, Israel o China, entre otros países. Algunos de estos países han realizado en los últimos años notables esfuerzos para erradicar este fenómeno: Pakistán ha desmantelado recientemente una organización criminal 
dedicada al tráfico de órganos y en China existen determinados sectores profesionales partidarios de implantar un sistema de donación y trasplante de órganos basado en los principios éticos aceptados universalmente y propugnados por la OMS. Israel, emisor clásico de turistas de trasplantes, ha creado un sistema de notificación de estos casos a sus autoridades, que se han implicado activamente en los últimos años en poner fin a esta actividad en el país.
Para el secretario general de Sanidad, “aunque ningún país es inmune a este tipo de delitos”, la experiencia española ha puesto de manifiesto “la importancia de los controles de nuestro sistema de trasplantes y la eficacia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la hora de prevenir y frustrar los escasos intentos de comercialización de órganos registrados hasta este momento en nuestro país”. Además, el secretario general de Sanidad ha confirmado el compromiso de España por ratificar el Convenio de Santiago de Compostela Contra el Tráfico de Órganos, promovido por el Consejo de Europa, que ya han suscrito 17 países, entre ellos el nuestro.
Delito penal con hasta 12 años de cárcel
España ha sido un país pionero al tipificar en 2010 como delito en el Código Penal el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes, con penas de hasta 12 años, y dispone de una serie de artículos para prevenir el delito y proteger a sus víctimas. Además, a través de la ONT, nuestro país participa desde hace tiempo en numerosas iniciativas internacionales para combatir esta nueva forma de esclavitud. Entre otras actuaciones, participó en la redacción de la Declaración de Estambul; también promovió la elaboración de la denominada Resolución de Madrid de la OMS, a través de la que se llama a los gobiernos y profesionales a progresar hacia el logro de la autosuficiencia en trasplantes, como estrategia fundamental para luchar contra la compra-venta de órganos. También, el año pasado, España fue el país anfitrión del Convenio de Santiago de Compostela contra el tráfico de órganos, promovido por el Consejo de Europa, que decidió realizar la apertura de la firma de este tratado en nuestro país en reconocimiento al sistema español de trasplantes y a la labor que viene desarrollando España en la lucha contra el tráfico de órganos. Este Convenio es el primer tratado internacional para prevenir, detectar y erradicar este tipo de delitos que vulneran derechos humanos fundamentales. El Convenio ya ha sido firmado por 17 países, entre ellos España. Pero para que entre en vigor, necesita ser ratificado por 5 países, 3 de ellos miembros del Consejo de Europa. Hasta el momento, solo Albania lo ha ratificado. Javier Castrodeza ha confirmado en su intervención el compromiso de España por ratificar la adhesión de nuestro país a este Convenio.
Operación RENIBUS
Una de las operaciones abortadas el pasado año por la Guardia Civil ha sido la operación RENIBUS, un fraude relacionado con ciudadanos procedentes de países del Este, fundamentalmente de Bulgaria, por defraudar a la Seguridad Social mediante altas ficticias, con la finalidad de obtener la tarjeta sanitaria y así poder acceder al tratamiento de diálisis y a la lista de espera para someterse a una intervención de trasplante renal. En la misma operación se han detectado siete empresas ficticias que daban de alta ilícitamente a trabajadores extranjeros, así como numerosas altas ficticias en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos). Estas personas viajaban hasta España dirigiéndose a una consulta de un centro de salud, manifestado que se encontraban de vacaciones o visitando a un familiar, solicitando el tratamiento de hemodiálisis que se ofrece como urgencia médica. En algunos casos, acudían a los hospitales el mismo día de su llegada a nuestro país. Tras acudir regularmente al tratamiento de hemodiálisis, se empadronaban, se registraban como extranjeros residentes, y se daban de alta en la Seguridad Social, ya fuese como trabajadores autónomos o por cuenta ajena, sin que llegasen en ningún caso a realizar actividad laboral alguna. Sólo en la Comunidad de Madrid se detectaron 14 pacientes que de forma fraudulenta se estaban sometiendo al tratamiento de diálisis o que ya habían sido trasplantados, ocasionando un coste total de más de 1,5 millones de euros.